Transparencia para decidir mejor
Conoce cómo verificamos la información, protegemos tus datos, diferenciamos la publicidad del contenido editorial y corregimos nuestros errores.
Nuestra promesa: el dinero puede comprar publicidad identificada, pero nunca hechos, compatibilidad, verificación ni silencio editorial.
Nuestro compromiso contigo
Aquí explicamos, sin letra pequeña decorativa, cómo trabaja la plataforma, cómo se financia, qué puede comprar una campaña y qué decisiones permanecen fuera de cualquier negociación.
PorQuienVotar.do puede cobrar por publicidad, espacios destacados, investigación y productos analíticos. No puede cobrar por alterar hechos, ocultar información, manipular el test, vender preferencias políticas identificables ni presentar como neutral lo que es pagado. Cada ingreso político relevante deberá quedar separado del contenido editorial y ser transparentado.
Esta página reúne nuestras reglas públicas en un solo lugar. Algunos detalles de seguridad, fuentes confidenciales y protección de datos permanecen en procedimientos internos para no poner en riesgo a usuarios ni facilitar ataques.
Una plataforma privada de información cívica, comparación, investigación y tecnología electoral. Organiza fuentes públicas, documentación aportada y datos obtenidos con consentimiento; podrá ofrecer cuentas, test, encuestas registradas, publicidad identificada, espacio destacado y productos analíticos agregados.
No somos una página oficial de la JCE, un partido, una candidatura, una boleta electoral ni una autoridad que certifique resultados. No vendemos votos, rankings editoriales, perfiles personales de electores ni ventajas ocultas.
La independencia se demuestra con barreras, registros, recusación, auditoría y divulgación; no con una declaración decorativa de pureza imaginaria.
La plataforma procura exactitud y trazabilidad, pero no garantiza que toda información oficial sea perfecta, definitiva o inmune a actualizaciones.
Venderá productos de investigación y análisis agregados, anonimizados o seudonimizados bajo controles. No venderá nombres, correos, teléfonos, respuestas individuales del test, identificadores de dispositivo ni perfiles personales que revelen preferencias políticas.
Puede comprar un espacio espacio destacado o un anuncio claramente identificado. No puede comprar mejor puntuación, mayor compatibilidad, verificación, eliminación de información ni prioridad editorial.
Podrá prestar servicios comerciales a campañas. Esas relaciones se divulgarán, se mantendrán separadas del equipo editorial y generarán recusación cuando exista conflicto.
No. Calcula similitud entre respuestas y posiciones documentadas. Muestra cobertura, incertidumbre y fecha de los datos. La decisión es del usuario.
No por usar el test. Solo se incorporarán respuestas a investigación agregada si la persona acepta una autorización separada y expresa. Incluso entonces, el cliente recibe resultados agregados, no la identidad del participante.
Sí, pero solo mediante una firma encuestadora registrada y habilitada cuando la ley y la JCE lo exijan. Cada publicación incluirá patrocinador, metodología, muestra, preguntas, fechas y registro.
Habrá trazabilidad de fuentes, revisión humana, separación comercial-editorial, registros de cambios, auditorías y reportes públicos. Ningún control es mágico; por eso se publica evidencia y no solo una frase bonita.
Sí. La obligación no es fingir infalibilidad, sino reducir errores, corregirlos rápido, dejar rastro y dar derecho de réplica y apelación.
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Política pública 01
Estas reglas explican qué ofrece la plataforma, qué aceptas al usarla, cuáles son los límites del servicio y qué nunca puede comprarse.
PorQuienVotar.do es el nombre comercial del servicio operado por la entidad que será identificada antes del lanzamiento en el encabezado y pie de cada página legal. El servicio puede incluir perfiles de personas candidatas, propuestas, documentos, comparadores, cuentas, alertas, test de compatibilidad, encuestas y sondeos, espacios publicitarios, espacios destacados, reportes y herramientas analíticas. PorQuienVotar.do no es parte de la Junta Central Electoral, no reemplaza sus registros ni certifica candidaturas, elegibilidad, resultados, recintos o documentos. Cuando un dato provenga de la JCE u otra institución, se identificará la fuente; eso no significa patrocinio, alianza ni aprobación de la plataforma por esa entidad.
Las cuentas destinadas a guardar preferencias políticas, participar en investigación o contratar servicios estarán reservadas a personas de 18 años o más. Las personas menores podrán consultar contenido cívico público y usar, cuando se habilite, una modalidad de test que no guarde ni transmita sus respuestas. La plataforma podrá solicitar verificación adicional a candidatos, partidos, anunciantes, investigadores y clientes de datos.
Los productos pagos tendrán precio, alcance, período, impuestos, métricas, cancelación y limitaciones visibles antes de contratar. La compra de espacio destacado o publicidad otorga exposición comercial identificada; no otorga control editorial ni garantiza resultados políticos, tráfico, votos, cobertura periodística o posición en el test.
No existe un precio para borrar hechos, cambiar una fuente, aumentar compatibilidad, obtener una insignia de verificación, impedir la cobertura de un adversario o convertir un anuncio en contenido editorial sin etiqueta.
La plataforma conserva derechos sobre su marca, diseño, código, estructura y contenidos propios. Los hechos públicos no se convierten en propiedad de PorQuienVotar.do, pero su selección, organización, redacción, bases de datos y visualización pueden estar protegidas. La reutilización automatizada o comercial requerirá respetar licencias, atribución, límites técnicos y derechos de terceros.
Sí, pero los cambios materiales se publicarán con fecha y resumen. Cuando afecten consentimientos, pagos o uso de datos sensibles, se pedirá una nueva aceptación si corresponde. No se usará una actualización silenciosa para convertir un permiso limitado en autorización general.
No por el hecho de criticar. Una cuenta puede restringirse por abuso verificable, seguridad, suplantación, fraude, incumplimiento contractual o mandato válido. La medida y su fundamento quedarán registrados y podrán revisarse.
Solo los derechos contractuales del producto comprado. No crea derecho a cobertura favorable, acceso a datos personales, edición de perfiles ni veto sobre contenido.
CN-2024; LEY20-23; LEY126-02; LEY358-05; LEY65-00; LEY20-00; LEY53-07.
Política pública 02
Explicamos qué datos tratamos, por qué, durante cuánto tiempo y qué jamás entregamos a campañas como información personal.
Las opiniones políticas son datos especialmente protegidos. Usar el test no autoriza a PorQuienVotar.do a vender, entregar o utilizar respuestas individuales para publicidad política. La participación en investigación será separada, voluntaria, expresa y revocable.
La entidad operadora será responsable de los datos de cuentas, uso del sitio, publicidad, soporte y herramientas de la plataforma. La firma encuestadora identificada en cada estudio será responsable o corresponsable de los datos de encuestas según el diseño concreto. Los clientes políticos que reciban reportes agregados no reciben datos personales de participantes y no se convierten por ello en responsables de las identidades que nunca se les entregan.
| Categoría | Ejemplos | Finalidad |
|---|---|---|
| Cuenta | Nombre o alias, correo, contraseña protegida, preferencias, sesiones. | Crear y proteger la cuenta, guardar opciones, comunicar cambios esenciales. |
| Test privado | Respuestas y pesos procesados temporalmente o localmente. | Calcular compatibilidad sin conservar respuestas en el servidor, cuando se use el modo privado. |
| Investigación voluntaria | Respuestas, variables demográficas encuestas limitadas, ubicación aproximada, consentimiento y código seudónimo. | Construir estadísticas agregadas, y productos analíticos sin entregar identidades. |
| Encuestas | Respuestas, marco muestral, contacto de reclutamiento, variables técnicas y consentimiento. | Realizar estudios con metodología, control de calidad y obligaciones JCE. |
| Uso técnico | IP, dispositivo, navegador, eventos, logs, cookies autorizadas. | Seguridad, prevención de fraude, diagnóstico y medición consentida. |
| Pagos y anuncios | Identidad del contratante, RNC/cédula cuando corresponda, facturación, creatividad, beneficiario, segmentación y métricas. | Contratar, facturar, moderar, auditar y publicar el archivo de anuncios. |
| Correcciones y soporte | Mensaje, evidencia, datos de contacto, historial del caso. | Responder, verificar, corregir y conservar trazabilidad. |
| Candidatos y figuras públicas | Datos profesionales, electorales, patrimoniales, legislativos y judiciales permitidos, con fuentes. | Informar sobre asuntos de interés público bajo criterios editoriales y de minimización. |
Podremos utilizar proveedores de nube, autenticación, correo transaccional, pagos, seguridad, medición, encuestas y soporte. El inventario con nombre, función, país, datos tratados y enlace a su política se publicará antes de activar cada proveedor. Los contratos deberán limitar finalidades, exigir confidencialidad, controles de seguridad, devolución o eliminación y cooperación con derechos e incidentes.
No se activará un proveedor que trate datos sensibles o cookies no esenciales antes de estar identificado en el inventario público, evaluado por privacidad y sujeto a contrato.
PorQuienVotar.do podrá cobrar por reportes de opinión, tendencias, problemas prioritarios, desempeño de mensajes, analítica de campañas y análisis de datos públicos. Decir que “no monetizamos datos” sería falso si cobramos por conocimiento derivado de datos. La promesa correcta es más precisa: monetizamos investigación y análisis; no vendemos datos personales identificables ni respuestas políticas individuales.
| Registro | Plazo público objetivo |
|---|---|
| Cuenta | Mientras esté activa; eliminación operativa dentro de 30 días de la solicitud y copias de respaldo hasta 90 días, salvo obligación o litigio. |
| Test privado | Sin conservación en servidor o eliminación al cerrar la sesión, según la modalidad publicada. |
| Investigación seudonimizada | Hasta 24 meses para análisis; luego anonimización o eliminación. El estudio podrá fijar un plazo menor. |
| Consentimientos | Mientras se use el dato y hasta 5 años después para demostrar autorización, o el plazo legal aplicable. |
| Logs de seguridad | 12 meses por defecto; hasta 24 meses para señales de alto riesgo o investigación documentada. |
| Anuncios políticos y contratación | Archivo público 7 años; documentación fiscal y contractual por el plazo legal. |
| Correcciones y reclamaciones | 7 años para trazabilidad y defensa de integridad editorial. |
| Respuestas de soporte | 3 años desde el cierre, salvo litigio, seguridad o solicitud válida de conservación. |
Si un proveedor almacena o accede a datos desde otro país, la transferencia será identificada, evaluada y limitada. Para datos que requieren consentimiento, se informará el país o categoría de destino y se obtendrá la autorización que corresponda. No se utilizará una nube extranjera como excusa para perder control contractual o técnico.
El contenido público puede utilizarse con fines educativos. No permitiremos cuentas con almacenamiento de opiniones políticas ni participación en investigación a menores de 18 años. Si en el futuro se crea una experiencia educativa para menores, tendrá una política separada, minimización reforzada y revisión legal.
No. El modo privado no las convierte en un producto. Si eliges participar en investigación, tus respuestas pueden contribuir a estadísticas y reportes agregados por los que la plataforma cobre. El cliente no recibe tu identidad ni tu fila individual.
La plataforma puede vincular temporalmente un identificador de cuenta con un resultado guardado solo si lo autorizas. Esa relación se mantiene separada y no se usa para publicidad política individual ni se entrega a campañas.
Dejaremos de usar tus datos personales en futuros análisis y eliminaremos o desvincularemos lo que corresponda. Una estadística que ya fue anonimizada de forma razonablemente irreversible no puede desarmarse para extraer una contribución individual.
No utilizaremos padrones, listas comerciales o datos de terceros para construir expedientes políticos individuales de usuarios. Cualquier marco muestral legal usado por la encuestadora se documentará y no se reutilizará para publicidad de la plataforma.
CN-2024 art. 44; LEY172-13 arts. 5, 7-10, 14-15, 44-46, 75-80; LEY126-02; NIST-CSF2.
Política pública 03
Ningún rastreador no esencial se activa antes de tu elección y ninguna respuesta política se convierte en una cookie publicitaria.
Esta política cubre cookies, almacenamiento local, píxeles, SDK, identificadores de sesión, etiquetas, analítica, grabación de errores y tecnologías equivalentes. El nombre técnico cambia; la obligación de explicar finalidad, proveedor, duración y elección no.
| Categoría | Ejemplos | Regla |
|---|---|---|
| Esenciales | Autenticación, seguridad, balanceo, elección de privacidad, continuidad de sesión. | Se activan por necesidad del servicio; no se usan para propaganda. |
| Preferencias | Idioma, accesibilidad, orden de visualización, opciones guardadas. | Requieren elección cuando no sean estrictamente necesarias. |
| Medición | Visitas, rendimiento, errores, uso agregado de funciones. | Solo con consentimiento cuando identifiquen o sigan al usuario. |
| Publicidad | Medición y entrega de anuncios dentro de la plataforma. | Consentimiento separado; nunca usa respuestas del test ni inferencias políticas individuales. |
| Investigación | Código seudónimo para estudios voluntarios. | Consentimiento expreso específico y no reutilizable para anuncios. |
Preferiremos medición agregada, reducción de IP, eventos limitados y retención corta. Cuando sea posible, utilizaremos herramientas configuradas sin publicidad comportamental. Las métricas necesarias para un anunciante se limitarán a desempeño de su campaña dentro del servicio y no revelarán quién vio, respondió o coincidió con una posición política.
Sí. Algunas preferencias no se guardarán y ciertas métricas o personalizaciones no estarán disponibles, pero podrás consultar el contenido público y utilizar funciones esenciales.
No. Aceptar y rechazar tendrán una prominencia comparable. La transparencia no consiste en obligarte a jugar “¿dónde está el enlace gris de 8 píxeles?”.
No dentro de las páginas de PorQuienVotar.do. Los anuncios pueden enlazar a sitios externos; antes de salir se identificará el destino y, una vez allí, aplicarán las reglas del sitio externo.
LEY172-13; LEY310-14; LEY126-02; NIST-CSF2; WCAG22.
Política pública 04
Toda ficha sigue el mismo proceso: definir, buscar, verificar, contextualizar, revisar, publicar, corregir y actualizar.
Etiqueta Significado
Dato oficial Publicado por autoridad competente; puede ser provisional o actualizado.
Declaración del candidato Afirmación atribuida; no se presenta como hecho independiente sin verificación.
Propuesta Compromiso o intención; no equivale a resultado.
Análisis Interpretación basada en criterios publicados.
Estimación Cálculo con supuestos y margen de incertidumbre.
No disponible No se encontró fuente suficiente después del proceso de búsqueda.
En revisión Existe reclamación o contradicción material pendiente.
Contenido pagado Publicidad, espacio destacado o patrocinio separado del contenido editorial.
La igualdad no significa idéntico número de noticias sobre todos, sino reglas comparables para perfiles equivalentes. La estructura básica, campos, definiciones, fuentes aceptables y procedimiento de corrección serán los mismos. Cuando una persona tenga más actividad pública documentada, la diferencia se explicará por disponibilidad y relevancia, no por pago.
Puede aportar información y fuentes por los canales disponibles para todos, pero no tiene derecho de aprobación previa. En casos técnicos o de identidad puede confirmarse un dato puntual sin entregar control editorial.
Sí, cuando sean relevantes, verificables, contextualizadas y tratadas con el mismo estándar. Neutralidad no significa borrar hechos incómodos ni fabricar equivalencias falsas.
La ficha mostrará el vacío y las gestiones realizadas. No inventaremos una posición ni penalizaremos silenciosamente. La ausencia de datos se distingue de una respuesta negativa.
CN-2024 arts. 44 y 49; LEY20-23 art. 175; LEY172-13 art. 5; WCAG22.
Política pública 05
La plataforma puede tener ingresos y relaciones políticas; lo que no puede tener son ventajas editoriales ocultas.
Neutralidad significa aplicar reglas publicadas de forma consistente, revelar relaciones materiales, separar ingresos de decisiones editoriales y permitir revisión. No significa que todos los hechos sean positivos, que toda afirmación tenga el mismo mérito ni que la plataforma renuncie a señalar una falsedad documentada.
La entidad operadora o empresas vinculadas podrán prestar servicios de comunicación, investigación, tecnología o marketing a actores políticos. Esa realidad se publicará cuando sea material. No se esconderá detrás de una frase genérica como “tenemos experiencia en el sector”. La divulgación deberá identificar actor, tipo de relación, período y rango económico cuando corresponda.
Una campaña que sea cliente puede comprar servicios definidos; no puede entrar a la sala editorial. Una persona del equipo que trabaje para esa campaña no decidirá su perfil ni el de su adversario directo.
Antes del lanzamiento se publicarán entidad operadora, propietarios, beneficiarios finales, órgano de gobierno y fuentes materiales de financiamiento. El informe de transparencia identificará anunciantes políticos, clientes de investigación y aportes en especie mediante rangos comparables. Ningún acuerdo de confidencialidad podrá utilizarse para ocultar un conflicto que sea necesario conocer para evaluar la independencia del proyecto.
Las personas conservan sus derechos políticos. Lo que se exige es declarar relaciones materiales, no usar el producto para favorecerlas y apartarse de decisiones afectadas. Si el apoyo compromete la independencia institucional, se publicará y se adoptarán barreras adicionales.
No pedimos fe. Publicamos reglas, ingresos políticos, archivos de anuncios, metodología, cambios, conflictos, correcciones y auditorías. La credibilidad depende de evidencia verificable y de cómo reaccionamos cuando las reglas cuestan dinero.
Sí, por criterios públicos de legalidad, seguridad, autenticidad, odio, violencia, engaño, capacidad técnica o incumplimiento. No por desacuerdo ideológico arbitrario. La decisión se registra y puede revisarse.
CN-2024; LEY20-23; LEY33-18; principios de separación editorial-comercial y gestión de conflictos.
Política pública 06
Una afirmación importante debe poder rastrearse a una fuente, una fecha, una versión y una decisión editorial.
| Nivel | Fuente | Uso |
|---|---|---|
| Nivel A | Constitución, leyes, gacetas, resoluciones, JCE, tribunales, Congreso, organismos electorales y administrativos, registros firmados. | Base preferente para hechos jurídicos, oficiales y verificación externa. |
| Nivel B | Documentos originales de partidos, candidatos, declaraciones juradas, programas, contratos o bases con procedencia verificable. | Se atribuyen y se distingue autoría; verificación externa. |
| Nivel C | Medios profesionales, investigaciones académicas y organizaciones con metodología y correcciones públicas. | Contexto, contraste y hechos no disponibles en fuente primaria. |
| Nivel D | Redes sociales verificadas, entrevistas, ruedas de prensa y material audiovisual original. | Prueba de que alguien dijo o mostró algo; no prueba automática de que sea cierto. |
| Nivel E | Denuncias anónimas, filtraciones, capturas y contenido viral. | Pista de investigación, nunca publicación automática; requiere autenticación y corroboración. |
Los candidatos podrán enviar documentos, aclaraciones e imágenes. El aporte no garantiza publicación ni convierte al candidato en fuente neutral. Se verificará origen, fecha, alcance y consistencia. El material autorizado podrá mostrarse con etiqueta “aportado por la candidatura”.
La ficha interna de evidencia puede incluir URL, autor, fecha, copia, hash, licencia, extracto, persona revisora y discrepancias. No se publicarán credenciales, notas privilegiadas, identidad de fuentes confidenciales ni detalles que las expongan. Sí se publicará suficiente información para que otra persona razonable pueda comprender la base de una afirmación.
No. Tiene alta autoridad para lo que legalmente certifica, pero puede contener errores, omisiones o datos provisionales. Si existen contradicciones, se muestran y se solicita aclaración.
Solo después de evaluar autenticidad, interés público, legalidad, riesgo, contexto y posibilidad de corroboración. No publicaremos datos personales masivos simplemente porque alguien logró conseguirlos.
La política general es no pagar por documentos o testimonios sobre candidatos. Cualquier excepción extraordinaria requerirá aprobación legal, registro y divulgación si no compromete seguridad o confidencialidad legítima.
CN-2024; LEY200-04; LEY172-13 art. 5; LEY20-23; buenas prácticas de trazabilidad de datos.
Política pública 07
Cualquier persona puede reclamar; ningún candidato compra prioridad y ningún error material se corrige en silencio.
El formulario definitivo pedirá URL o contenido, afirmación cuestionada, explicación, evidencia, relación de la persona con el asunto y forma de contacto. No será obligatorio contratar abogado ni utilizar lenguaje jurídico. Las denuncias anónimas pueden investigarse, pero no siempre permitirán comunicar el resultado.
| Tipo | Compromiso |
|---|---|
| Riesgo electoral inmediato | Acuse y evaluación inicial dentro de 4 horas durante período electoral activo. |
| Datos personales | Acceso en 5 días hábiles; corrección, actualización o supresión en 10 días hábiles, sujeto a identidad y ley. |
| Error factual material | Acuse en 2 días hábiles y decisión objetivo en 5 días hábiles. |
| Caso complejo o judicial | Decisión objetivo en 15 días hábiles, con actualización de estado. |
| Apelación | Revisión por persona distinta dentro de 10 días hábiles. |
| Propiedad intelectual o seguridad | Priorización según riesgo; medidas provisionales cuando sean necesarias. |
La respuesta debe referirse al contenido cuestionado, ser proporcional y no introducir amenazas, datos ilícitos o propaganda ajena al asunto. Puede publicarse completa, resumida o enlazada según extensión, relevancia y formato. La publicación de una réplica no significa que la plataforma acepte su veracidad; significa que el público debe conocer una posición relevante.
Las correcciones materiales mostrarán fecha, cambio y motivo. Errores tipográficos que no alteren sentido podrán corregirse sin nota individual, pero quedarán en el registro técnico. No se borrará el rastro para fabricar la ilusión de que nunca ocurrió.
No por estatus. La prioridad depende del daño y del tiempo electoral. Un error sobre un candidato horas antes de votar puede ser urgente; una solicitud equivalente de cualquier persona también puede serlo.
Sí pueden mantener el contenido si la fuente respalda el dato, pero deben evaluar actualización, contexto y posibles contradicciones. “Lo dijo un portal oficial” no cierra automáticamente la revisión.
Sí cuando exista riesgo grave de daño, seguridad, fraude, privacidad o interferencia electoral. La medida provisional no presume que la reclamación sea correcta y se revisará con rapidez.
CN-2024 arts. 44 y 49; LEY20-23 art. 175; LEY172-13 arts. 7-15.
Política pública 08
Los candidatos pueden comprar visibilidad, nunca credibilidad editorial. Todo pago político se identifica, archiva y separa.
| Producto | Qué compra | Qué no compra |
|---|---|---|
| Espacio destacado | Ubicación destacada o rotativa que enlaza al contenido. | Etiqueta “Destacado pagado”; no cambia perfil o propuesta, orden orgánico, verificación ni test. |
| Anuncio display o video | Creatividad del anunciante dentro de espacios definidos. | Etiqueta de publicidad, pagador, beneficiario y archivo público. |
| Propuesta patrocinada | Mensaje o explicación financiada, producida por el anunciante o con apoyo del equipo comercial. | Página separada, patrocinador visible y sin apariencia editorial. |
| Evento o transmisión patrocinada | Difusión pagada de una actividad. | Identificación antes, durante y después; reglas de silencio electoral. |
| Investigación patrocinada | Encuesta o estudio financiado por un actor. | Patrocinador y metodología visibles cuando se publique; separación de resultados y publicidad. |
Cada pieza mostrará de forma visible: “Publicidad política” o “Contenido patrocinado”, identidad del pagador, candidatura u organización beneficiaria, período de difusión y enlace al archivo público. Cuando una agencia contrate, se identificará también al beneficiario final. La etiqueta no desaparecerá al compartir o capturar la pieza, en la medida técnicamente posible.
No se segmentará publicidad política con respuestas del test, compatibilidad individual, salud, religión, orientación sexual, datos penales, vulnerabilidad económica, datos de menores ni inferencias psicológicas.
La segmentación permitida se limitará a contexto y geografía electoral razonable, como provincia o municipio, edad adulta en rangos amplios, idioma, tipo de contenido consultado y horario, siempre que cumpla la ley y no cree una audiencia tan pequeña que facilite identificar personas. Los parámetros de cada anuncio se publicarán en el archivo.
Los contratos incluirán una cláusula que niega control editorial. El equipo comercial no puede prometer correcciones, cobertura, acceso a fuentes, compatibilidad, rankings, resultados de encuesta ni exclusión de adversarios. Las conversaciones que intenten condicionar pago a trato editorial se registrarán y escalarán.
Solo en un módulo identificado como pagado. Los resultados orgánicos y comparaciones mantienen sus propias reglas. El usuario podrá distinguir ambos sin tener que estudiar diseño forense.
Sí, mediante monto exacto o rango estandarizado, junto con fechas, formatos y beneficiario. La facturación fiscal completa puede permanecer privada, pero la dimensión material del gasto político debe ser comprensible.
Puede existir producción comercial, pero el equipo que la realiza no participa en decisiones editoriales sobre ese actor. La pieza se etiqueta y el servicio comercial se divulga como conflicto material.
LEY20-23 arts. 177-180, 217 y sanciones; LEY33-18; JCE-SAN-2023; LEY358-05.
Política pública 09
No llamaremos encuesta a cualquier clic: los estudios electorales requieren firma habilitada, metodología completa, patrocinador visible y cumplimiento de la veda. Los duelos del Arena son encuestas abiertas del sitio, dichas con esas palabras, con un voto por cuenta verificada y el voto anónimo.
PorQuienVotar.do no realizará ni publicará encuestas de opinión político-electoral hasta que la firma responsable esté inscrita, registrada y habilitada ante la JCE conforme a la Ley 20-23 y al procedimiento vigente. A la última actualización, la última fuente oficial localizada sobre el reglamento específico se identifica como proyecto; cualquier versión final posterior prevalecerá.
Una medición diseñada para conocer opiniones o preferencias sobre candidaturas, organizaciones, escenarios o asuntos electorales mediante una muestra. Publicar porcentajes de usuarios autoseleccionados como si representaran al electorado también puede inducir a error, aunque se le ponga el simpático nombre de “pulso digital”. No lo haremos.
Una campaña puede encargar investigación. Si se publica, el patrocinador y las condiciones deben aparecer. Si permanece privada, no se presentará posteriormente como estudio independiente de la plataforma y se conservará separación contractual, metodológica y de datos. Los participantes recibirán información sobre la entidad responsable, finalidad, privacidad y carácter voluntario.
Las encuestas a boca de urna solo se realizarán con firma certificada, notificación, metodología y condiciones de secreto del voto exigidas. Sus resultados no se divulgarán antes del plazo legal aplicable. La plataforma diferenciará encuesta, proyección, conteo rápido, boletín oficial parcial y resultado definitivo.
Cada estudio publicado tendrá ficha permanente, versión, patrocinador, documentación metodológica, cuestionario, tablas, archivos accesibles, correcciones y fecha de retiro si aplica. El repositorio conservará estudios anteriores para impedir que solo sobrevivan los que acertaron.
En la portada podemos abrir un duelo: dos candidaturas, una pregunta y un botón para votar. Es una encuesta abierta del sitio, no un estudio del electorado, y así aparece señalado en el propio banner.
Para que ese número signifique algo, se cuenta así:
Un voto por cuenta verificada. Para votar hay que entrar con una cuenta de Google. No es para saber quién eres: es la forma más limpia de comprobar que detrás del clic hay una persona y de impedir que la misma vote cincuenta veces.
Votar automáticamente está bloqueado. Antes de aceptar el voto corre una comprobación de robot que la persona no tiene que resolver a mano.
El voto es anónimo y lo seguirá siendo. Guardamos tu correo en nuestra lista de personas verificadas, por separado, y junto al voto guardamos solo un código derivado que no se puede devolver al correo. Nadie —ni nuestro equipo— puede sacar una lista de quién votó por quién.
El total está siempre a la vista, junto al porcentaje, para que cualquiera juzgue el peso del resultado.
Lo que este número no es: no es intención de voto, no es una muestra del país, y no lo vamos a convertir en titular ni en ranking. Vota quien entra aquí. Si detectamos un movimiento anómalo de votos, podemos cerrar el duelo y decirlo.
No. El patrocinio crea un interés que debe revelarse, pero la calidad se evalúa por diseño, ejecución, transparencia y datos. El problema es ocultar quién pagó o adaptar el método para producir la respuesta deseada.
No como medición representativa del electorado. En nuestros duelos del Arena sí abrimos la votación a quien entra, con una advertencia prominente, un voto por cuenta verificada y el total siempre a la vista. No las convertimos en intención de voto ni las usamos para titulares engañosos.
El registro o habilitación de una firma no convierte cada resultado en una certificación de verdad. La firma responde por su trabajo y la plataforma explica límites y metodología.
LEY20-23 arts. 212-216 y 308.17; Proyecto JCE-ENC-2025; JCE-SAN-2023; LEY172-13.
Política pública 10
El test muestra coincidencias documentadas; no elige por ti, no predice tu voto y no entrega tus respuestas a campañas.
| Modalidad | Qué ocurre | Regla |
|---|---|---|
| Modo privado | Respuestas procesadas localmente o de forma temporal; no se incorporan a investigación ni se guardan, salvo elección expresa. | Disponible sin cuenta y sin consentimiento de investigación. |
| Modo guardado | El usuario decide guardar resultados en su cuenta. | Requiere consentimiento expreso para tratar opiniones políticas; puede eliminarse. |
| Modo investigación | La persona acepta que respuestas seudonimizadas contribuyan a análisis agregados. | Consentimiento separado, variables limitadas, retiro y prohibición de entrega individual. |
Cada candidatura tendrá una posición por tema basada en programa, voto, proyecto, entrevista o declaración atribuible. La ficha mostrará fuente, fecha, confianza y posible cambio. Si no existe evidencia suficiente, el valor será “sin posición documentada”; el sistema no adivina ni rellena el hueco con estereotipos partidarios.
La versión inicial utilizará una escala comparable para usuario y candidatura. Para cada tema con respuesta y posición documentada se calcula una similitud entre 0 y 1. La similitud aumenta cuando ambas posiciones se acercan. Los pesos elegidos por el usuario se aplican únicamente a su resultado. Los temas sin respuesta o sin posición se excluyen del denominador, no se computan como desacuerdo.
Ejemplo: “72 % de compatibilidad, calculado sobre 18 de 25 temas; cobertura 72 %”. Si la cobertura es baja, el sistema no presentará un ranking contundente y explicará que faltan datos.
Antes de cada ciclo electoral se probarán preguntas, distribución de posiciones, sensibilidad a pesos, cobertura por candidatura, accesibilidad y posibles sesgos. Candidatos y usuarios podrán impugnar una fuente o clasificación. La revisión no permite negociar la posición: exige aportar evidencia.
No. Las preguntas, fuentes, pesos y fórmula son públicos; los temas se revisan por relevancia y equilibrio. La plataforma auditará si pequeños cambios producen ventajas sistemáticas y publicará cambios materiales.
Porque pueden asignar pesos diferentes, omitir temas o realizar el test con versiones distintas de posiciones. El resultado mostrará versión, cobertura y factores principales.
Solo si aceptas por separado el modo investigación y el estudio cumple sus condiciones. El test privado no se agregará silenciosamente para producir titulares sobre el electorado.
LEY172-13 arts. 75-76; LEY20-23 arts. 212-216 por delimitación; NIST-AIRMF; WCAG22.
Política pública 11
La cuenta sirve para guardar y organizar; no convierte al usuario en un expediente político para campañas.
Los mensajes esenciales sobre seguridad, cambios materiales, pagos o derechos no son propaganda. Las noticias, recomendaciones y promociones requieren elección separada y opción de baja. Los mensajes políticos patrocinados nunca se enviarán utilizando respuestas individuales del test.
La cuenta incluirá opciones para descargar información, retirar consentimientos y eliminar. La eliminación no borra registros que deban conservarse por facturación, fraude, seguridad, litigio o archivo público de anuncios; esos datos se bloquean y limitan a la finalidad correspondiente.
No. Los perfiles, fuentes, metodología y políticas públicas serán accesibles sin cuenta. La personalización no se convertirá en peaje para el derecho a informarse.
No. La preferencia política no es una infracción. Se actúa por fraude, abuso, amenazas, suplantación, manipulación, seguridad o incumplimiento verificable.
La cuenta deberá identificar representantes autorizados. El control de la cuenta no da control sobre la ficha editorial. Los aportes oficiales se etiquetan y verifican.
LEY172-13; LEY126-02; LEY53-07; NIST-CSF2; OWASP-ASVS5.
Política pública 12
Sí venderemos conocimiento útil para campañas; no venderemos la identidad ni las preferencias políticas individuales de las personas.
| Producto | Contenido |
|---|---|
| Investigación de opinión | Encuestas registradas, estudios temáticos y análisis de asuntos prioritarios. |
| Analítica de publicidad propia | Impresiones, clics, visualización y rendimiento agregado de campañas dentro de la plataforma. |
| Datos públicos estructurados | Trayectorias, resultados, legislación, propuestas y documentos con licencias y atribución. |
| Tendencias agregadas opt-in | Patrones de respuestas de investigación voluntaria, con umbrales y control de divulgación. |
| Evaluación de mensajes | Pruebas consentidas sobre comprensión, recuerdo o reacción a materiales. |
| Consultoría metodológica | Diseño de investigación, lectura de resultados y recomendaciones basadas en datos agregados. |
Los reportes agregados aplicarán controles mínimos antes de salir del entorno analítico:
Un conjunto puede superar los números y seguir siendo riesgoso. La plataforma puede aumentar umbrales, retirar variables o negar el reporte.
Cada producto incluirá una tarjeta de datos: fuente, período, universo, consentimiento, transformaciones, exclusiones, cobertura, incertidumbre, responsable y limitaciones. Un dashboard elegante no convierte una muestra sesgada en verdad nacional; por eso la procedencia viaja con el producto.
Entonces, ¿sí monetizan datos? Sí, monetizamos análisis e investigación. No usamos la frase “no vendemos datos” para esconderlo. La frontera pública es que el valor comercial proviene de resultados agregados, estudios y datos públicos, no de entregar personas identificables o sus respuestas políticas individuales.
Puede contratar más investigación, como ocurre en el mercado, pero no obtiene acceso a un nivel secreto de datos personales ni altera el producto cívico. Los productos estandarizados tendrán acceso y reglas comparables; los proyectos a medida se divulgarán como relación comercial.
Sí. El modo privado no alimenta investigación. Participar en investigación requiere una elección separada y el rechazo no reduce la calidad del resultado personal.
LEY172-13 arts. 5, 75-80; LEY20-23 arts. 212-216 cuando aplique; NIST-AIRMF; NIST-CSF2.
Política pública 13
Cuando empieza la veda, la plataforma cambia a modo cívico: información neutral disponible, promoción política y encuestas suspendidas.
El protocolo se activará desde las doce de la noche del jueves inmediatamente anterior a la elección y se mantendrá durante el período legal aplicable. La veda específica de encuestas comienza ocho días antes de la votación. Las fechas exactas se publicarán y parametrizarán según calendario y decisiones de la JCE.
La disponibilidad del test será evaluada conforme a la regla vigente y al riesgo de que opere como recomendación o promoción. La configuración conservadora será suspender resultados comparativos personalizados desde el inicio del silencio electoral, manteniendo una explicación metodológica y contenido cívico neutral. Cualquier decisión distinta requerirá criterio jurídico escrito y publicación previa.
La plataforma no declarará ganadores por cuenta propia. Mostrará origen, hora, porcentaje de actas, carácter preliminar o definitivo y enlace oficial. Proyecciones o modelos, si llegaran a existir, se separarán de los boletines y nunca se presentarán con apariencia de certificación JCE.
Porque informar cómo votar, consultar fuentes y conocer resultados oficiales es servicio cívico, no propaganda. La solución es desactivar lo persuasivo y pagado, no apagar el acceso a información neutral.
Los contratos incluirán suspensión automática y no prometerán impresiones durante la veda. Las campañas no podrán exigir compensación por un período que legalmente no puede utilizarse, salvo ajustes previstos en el contrato.
LEY20-23 arts. 177, 179, 216 y 308; calendario y resoluciones JCE aplicables.
Política pública 14
La IA puede ayudar a ordenar y explicar; no puede inventar hechos, decidir en secreto ni hacerse pasar por una persona.
Las funciones materiales tendrán una ficha pública o explicación que describa objetivo, datos de entrada, lógica general, supervisión, limitaciones, versión y forma de reclamar. El test de compatibilidad no se esconderá bajo la etiqueta de “IA”: su fórmula será explícita. Cuando una decisión dependa de reglas automatizadas, el usuario podrá solicitar revisión humana.
Antes de enviar datos a un modelo externo se evaluarán contrato, retención, entrenamiento, ubicación, seguridad y capacidad de eliminación. Los datos sensibles, documentos confidenciales y fuentes protegidas no se introducirán en herramientas públicas o cuentas no aprobadas. El inventario de proveedores se publicará por categoría y función.
Puede proponer borradores o extraer hechos, pero una persona responsable revisará fuentes, contexto, lenguaje y publicación. La autoría asistida no reduce la responsabilidad de la plataforma.
No como condición de uso. Cualquier investigación o entrenamiento con datos políticos requeriría consentimiento separado, finalidad específica y garantías; la política inicial es no utilizar respuestas identificables para entrenar modelos externos.
Puede ocurrir si no se prueba. Por eso se medirán cobertura, distribución, errores y efectos por grupos, se conservarán versiones y se habilitará impugnación. La neutralidad algorítmica se audita; no se decreta.
NIST-AIRMF; NIST-CSF2; OWASP-ASVS5; LEY172-13; LEY53-07; derechos constitucionales.
Política pública 15
Informar sobre justicia exige precisión procesal: denuncia no es condena, investigación no es apertura a juicio y absolución debe actualizarse.
Los datos personales relativos a infracciones penales se incorporarán a campos estructurados de perfiles solo cuando exista apertura a juicio u otra base jurídica clara, conforme al artículo 77 de la Ley 172-13. Las denuncias o investigaciones preliminares no se presentarán como “antecedentes”.
Un hecho de alto interés público anterior a la apertura a juicio podría mencionarse en contenido contextual separado únicamente con revisión legal, fuente oficial o periodística de alta confiabilidad, atribución, respuesta de la persona y lenguaje que no afirme culpabilidad. Esa publicación no convierte la acusación en registro penal ni la fija permanentemente en una etiqueta.
| Estado | Cómo se explica |
|---|---|
| Denuncia o querella | Alegación presentada; no acredita investigación ni responsabilidad. |
| Investigación | Actuaciones de autoridad; no equivale a acusación probada. |
| Acusación | Imputación formal; la defensa puede controvertirla. |
| Apertura a juicio | Decisión de que el caso pase a juicio; no es condena. |
| Sentencia recurrible | Decisión sujeta a recursos. |
| Condena firme | Decisión definitiva según certificación disponible. |
| Archivo, descargo o no ha lugar | Cierre o rechazo que debe actualizarse con prominencia equivalente. |
| Absolución | Declaración judicial que debe figurar claramente y no enterrarse bajo el titular inicial. |
No necesariamente, pero se tratará como información contextual de interés público, no como antecedente penal ni hecho probado. La revisión será más estricta y el lenguaje más preciso.
No como proceso judicial. Se requiere fuente competente, relevancia y corroboración. La viralidad no sustituye expediente ni presunción de inocencia.
La ficha se actualizará y la absolución tendrá prominencia razonable. También se revisarán titulares, resúmenes y etiquetas para que el sistema no siga castigando con información incompleta.
CN-2024: dignidad, honor, intimidad y presunción de inocencia; LEY172-13 art. 77; normativa procesal
Política pública 16
Cada imagen y activo debe tener procedencia; estar en Internet no significa estar libre de derechos.
Por cada activo relevante se registrará archivo, autor, titular, fuente, licencia, autorización, territorio, duración, restricciones, atribución, comprobante y usos. El registro completo no es público porque puede contener contratos y datos personales; el repositorio publicará la política, atribuciones y estadísticas de activos revisados, reclamados o retirados.
Una reclamación deberá identificar obra, titularidad, ubicación y fundamento. La plataforma podrá retirar provisionalmente, solicitar evidencia, contactar al aportante, limitar el uso o restaurar después de revisión. No aceptará reclamaciones automáticas para borrar crítica legítima o documentos públicos sin analizar el contexto.
Solo si existe autorización, licencia, base legal o uso informativo permitido. La candidatura puede facilitar una imagen, pero eso no le permite controlar el texto editorial que la acompaña.
No. Se publicarán reglas, atribuciones y datos agregados. Contratos, comprobantes, datos personales y restricciones sensibles permanecerán controlados para proteger derechos y seguridad.
LEY65-00; LEY20-00; LEY30-06; LEY20-23 art. 173 y sanciones; reglas de símbolos nacionales.
Política pública 17
La seguridad se gestiona con prevención, detección, respuesta y aprendizaje; no con la frase “utilizamos tecnología de punta”.
| Área | Compromiso |
|---|---|
| Gobierno | Responsables, inventario de activos, riesgos, proveedores y revisiones. |
| Acceso | MFA administrativo, mínimo privilegio, segregación, revisión y baja de cuentas. |
| Datos | Clasificación, cifrado apropiado, seudonimización, copias y retención. |
| Aplicación | Desarrollo seguro, revisión de código, pruebas, dependencias y protección de API. |
| Infraestructura | Configuración segura, monitoreo, parches, backups y recuperación. |
| Personas | Confidencialidad, formación, phishing, conflictos y accesos por función. |
| Incidentes | Detección, contención, investigación, notificación, recuperación y postmortem. |
Antes del lanzamiento se publicará un canal de seguridad con alcance, reglas de buena fe y datos necesarios. No se tomarán represalias contra investigación autorizada que evite daño, no acceda a más datos de los necesarios y reporte con responsabilidad. El permiso no cubre extorsión, interrupción, ingeniería social, acceso persistente ni extracción de información.
No se divulgarán credenciales, diagramas explotables, ubicaciones de respaldos, reglas de detección, vulnerabilidades sin corregir ni contactos personales de emergencia. La transparencia explica controles y resultados; no entrega instrucciones a quien quiera romperlos.
No. Nadie serio puede garantizarlo. Podemos reducir probabilidad, limitar impacto, detectar, responder, notificar y aprender. Una promesa absoluta sería publicidad, no seguridad.
No existe una respuesta automática. Cualquier decisión extraordinaria requeriría asesoría legal, autoridades, evaluación de daño y aprobación de máximo nivel. La prioridad es diseñar respaldos y continuidad para no depender de esa opción.
Publicaremos incidentes materiales y estadísticas agregadas. Intentos bloqueados rutinarios pueden reportarse en conjunto para no saturar ni revelar defensas.
LEY172-13 art. 5.5; LEY53-07; NIST-CSF2; OWASP-ASVS5.
Política pública 18
La independencia no exige ausencia de relaciones; exige identificarlas, separarlas, recusarse y permitir que el público las evalúe.
Personal editorial, metodológico, legal, de datos y gobierno declarará al ingresar y al menos anualmente: empleos políticos, asesorías, donaciones, cargos partidarios, parentescos relevantes, inversiones, litigios y contratos de los últimos cinco años cuando sean pertinentes. La opinión o el voto personal no se persigue; se gestiona la capacidad de influir en decisiones afectadas.
Durante períodos electorales el informe será trimestral y fuera de ellos al menos semestral. Mostrará ingresos políticos por actor y rangos, concentración de clientes, donaciones, aportes en especie, gastos principales de integridad y cualquier dependencia que pueda comprometer sostenibilidad.
Sí, pero debe declararlos, separar equipos y datos, aplicar recusación y publicar la relación material. Ocultarlo sería incompatible con esta política.
No necesariamente, porque pueden incluir propiedad intelectual, datos, precios detallados o obligaciones confidenciales. Sí se publicará la información necesaria para entender quién pagó, por qué categoría, en qué período y en qué rango.
No. Las condiciones de financiamiento no podrán controlar metodología, resultados ni publicación. Una oferta condicionada de esa forma se rechaza o se trata como encargo comercial claramente identificado, nunca como trabajo independiente.
CN-2024; LEY20-23; LEY33-18; gobierno corporativo y ética editorial.
Política pública 19
La información electoral no es accesible si solo funciona para quien ve bien, tiene internet rápido y entiende jerga jurídica.
PorQuienVotar.do adopta WCAG 2.2 nivel AA como objetivo técnico y aplicará lenguaje claro, rendimiento y diseño inclusivo. La conformidad se medirá por componentes y recorridos; no se declarará perfecta por colocar un ícono de accesibilidad.
La plataforma evitará segmentar o excluir publicidad política por discapacidad o condiciones de salud. Cuando una encuesta requiera adaptaciones, documentará modo, accesibilidad y posibles efectos de cobertura.
Ese es el objetivo, pero pueden existir limitaciones. Se publicarán las conocidas, prioridades y plazos de remediación. La transparencia es mejor que colocar una insignia mientras el formulario no se puede enviar con teclado.
LEY5-13; WCAG22 nivel AA; principios constitucionales de igualdad y participación.
Política pública 20
Cooperaremos con órdenes válidas, no con solicitudes vagas de acceso masivo o censura informal.
La plataforma atenderá requerimientos y medidas válidas de la JCE dentro de su competencia, especialmente sobre encuestas, propaganda, silencio electoral y procedimientos sancionadores. La cooperación no implica permitir edición informal de contenido ni acceso general a datos de usuarios sin fundamento.
Una carta de una campaña no es una orden estatal. Se tramitará como corrección, réplica, reclamación contractual o solicitud legal, con las mismas reglas aplicables. Las amenazas de retirar publicidad no alteran el estándar.
El informe público mostrará cantidad, autoridad, categoría, resultado, datos entregados y objeciones en forma agregada. Se omitirán detalles cuando exista prohibición legal, riesgo para una investigación o seguridad de una persona, y se explicará la limitación en cuanto sea posible.
Solo ante base y alcance válidos, aplicando minimización y registro. La JCE tiene competencias electorales, pero eso no convierte toda solicitud en acceso ilimitado a preferencias políticas individuales.
No por una llamada informal. Se documentará, evaluará y exigirá el canal y fundamento adecuados, salvo una emergencia real de seguridad que requiera medida provisional.
CN-2024; LEY20-23; LEY172-13; LEY53-07; debido proceso y competencias de autoridades.
Política pública 21
Lo que prometemos debe dejar evidencia periódica: dinero político, anuncios, encuestas, correcciones, datos, conflictos, IA, seguridad y solicitudes oficiales.
| Área | Indicadores públicos |
|---|---|
| Financiamiento | Ingresos por categoría, clientes políticos y rangos, concentración, donaciones y aportes. |
| Publicidad | Anuncios, pagadores, inversión, segmentación, rechazos, retiros y veda. |
| Encuestas | Estudios, patrocinadores, metodología, correcciones, registro y cumplimiento de plazos. |
| Datos | Participantes opt-in, productos vendidos, umbrales, retiros y pruebas de privacidad. |
| Editorial | Perfiles, fuentes, actualizaciones, correcciones, réplicas, apelaciones y tiempos. |
| Conflictos | Declaraciones, recusaciones y relaciones materiales. |
| IA | Sistemas materiales, cambios, evaluaciones, errores y reclamaciones. |
| Seguridad | Incidentes materiales, vulnerabilidades reportadas, tiempos y mejoras, sin detalles explotables. |
| Autoridades | Requerimientos, objeciones y entregas agregadas. |
| Accesibilidad | Auditorías, barreras, correcciones y pruebas con usuarios. |
Cuando sea legal y seguro, se publicarán conjuntos de datos sobre anuncios, metodología, correcciones y fuentes en formatos reutilizables. Se excluirán datos personales, secretos legítimos, seguridad y activos con licencia incompatible. Cada archivo incluirá diccionario, versión, licencia y fecha.
Sí. El informe existe precisamente para mostrar fallos, concentración, reclamaciones e incidentes. Posponerlo hasta que todo luzca perfecto lo convertiría en publicidad corporativa.
La plataforma combinará revisión interna con evaluación externa periódica. El alcance, independencia, limitaciones y hallazgos principales se publicarán. Una consultoría pagada no se presentará como certificación absoluta.
Compromiso voluntario de rendición de cuentas; leyes y estándares citados en cada política.
Política pública 22
De dónde sale cada cifra de patrimonio, por qué a veces no hay cifra, y qué mide exactamente la medición de un expediente.
La medición que acompaña a cada candidatura es una función automatizada, y la política 14 obliga a describirla aquí.
Cómo lo aplicamos
Estos apartados muestran los controles, responsabilidades y registros que ayudan a convertir las políticas públicas en prácticas verificables.
¿Necesitas ayuda?
Escríbenos para ejercer derechos sobre tus datos, solicitar una corrección, presentar una réplica, reportar un problema de seguridad o consultar estas políticas.
Explícanos qué necesitas, indica la página o información relacionada y adjunta la evidencia disponible. Cuando corresponda, recibirás un número de seguimiento.
Identifique la URL, afirmación exacta, explicación, evidencia y cambio solicitado.
Indique el derecho que desea ejercer y la información mínima para verificar identidad sin pedir datos excesivos.
Los requerimientos deben identificar autoridad, competencia, fundamento, alcance y canal oficial. No se atienden órdenes informales de censura.
Nuestro compromiso final
Este texto entrará en vigor cuando la entidad operadora complete sus datos, publique canales y formularios, identifique proveedores y cookies, obtenga los registros electorales requeridos y apruebe formalmente la versión. Las funciones condicionadas permanecerán desactivadas hasta cumplir sus puertas de activación.
PorQuienVotar.do adopta como principio que la transparencia debe permitir comprender el negocio, no solo admirar sus valores. Por eso este repositorio reconoce de forma explícita que existirán pagos, publicidad, investigación y servicios de datos, y fija las fronteras que protegen la información cívica, la privacidad y la equidad electoral.
La pregunta no es si existe un interés. La pregunta es si está revelado, limitado y auditado.